El calendario suele ser implacable y cuando existe una cronología de hechos que confirman que algo está diseñado de antemano el tiempo es el que ratifica la verdad. Es una dictadura de la que nadie puede escapar por más que se quieran adulterar o tergiversar las realidades que ocurrieron en unas fechas determinadas. Esto es lo que sucede con el Caso Banco Popular. A medida que este medio va teniendo acceso a la documentación que demuestra todo lo que ocurrió en aquellos primeros seis días del mes de junio, las piezas van encajando y confirmando que la resolución del Banco Popular fue la gestación de una operación bien orquestada, dirigida y ejecutada por Emilio Saracho y sus cómplices, todos al servicio del Santander. Como en dicha operación hubo beneficiados y 305.000 perjudicados, se podría decir que lo que se produjo fue una «presunta» estafa. Nuestro Código Penal, en su artículo 248, define a ese delito del siguiente modo: «Cometen estafa los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno». El economista italiano Ferdinando Galiani dijo que «los hombres son naturalmente propensos a creer virtuosos a sus semejantes; esto es precisamente lo que da tanta ventaja a los impostores y a los estafadores» y, precisamente, fue esto lo que ocurrió en el Caso Banco Popular.

Como decíamos anteriormente, el calendario nos muestra realidades a las que no podemos escapar y en este caso así es. El día 1 de junio se redactó un contrato entre el Banco Popular y el Banco de España para la solicitud de una línea de liquidez de urgencia (ELA) de 2.000 millones de euros, tal y como se demuestra en el documento que obra en poder de Diario16:

Fuente: Diario 16